Como consecuencia de la violación a los derechos humanos cometidos en Chile tras el golpe militar de 1973, muchas personas se acercaron a las distintas instituciones religiosas que existían en el país, en busca de consuelo, protección y apoyo ante las dramáticas circunstancias que los afectaban. En este contexto, representantes de la Iglesia Católica; las iglesias evangélicas (Metodista, Bautista, Evangélica Luterana, Ortodoxa, Metodista Pentecostal); de la comunidad Israelita y del Consejo Mundial de Iglesias dieron vida al Comité de Cooperación para la Paz en Chile, el 6 de octubre de 1973. Presidida por monseñor Fernando Ariztía Ruiz y dirigida por el sacerdote jesuita Fernando Salas, esta organización de carácter ecuménico, dio asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual a todos los chilenos que sufrían persecución política, llegando a atender, sólo el departamento de asistencia a los familiares de detenidos desaparecidos, a 8.718 personas en sus dos años de vida.

Sin embargo, la acción emprendida por esta institución provocó un profundo malestar en las altas esferas políticas de la dictadura militar, lo que llevó a que el 11 de noviembre de 1975, el general Augusto Pinochet, mediante una carta dirigida al Cardenal Raúl Silva Henríquez, solicitara la disolución del Comité, lo que significó el fin de la institución.